La implementación de la Ley de Egreso, N.º 27.364, ha sido un hito significativo en el apoyo a jóvenes que, al alcanzar la mayoría de edad, deben enfrentarse a la vida adulta sin el respaldo familiar, debido a situaciones de violencia y abuso que sufrieron en el pasado. Esta ley establece el Programa de Acompañamiento para el Egreso (PAE). Una medida pionera en la región que busca brindar asesoramiento y apoyo económico a estos jóvenes en su transición hacia la independencia.

El PAE se divide en dos etapas fundamentales. En la primera etapa, que comienza a los 13 años, se asigna a cada joven un tutor o referente. El cual los acompañará en aspectos clave como educación, salud y contención emocional hasta los 21 años. Estos referentes son capacitados y seleccionados por el Estado, pero su salario es responsabilidad de las provincias.

La segunda etapa del PAE inicia cuando los jóvenes cumplen los 18 años y egresan de los hogares del Estado. En este momento, se convierten en titulares de una asignación económica, que equivale al 80% de un salario mínimo vital y móvil, destinada a facilitar su inserción en la sociedad adulta. Esta asignación les permite alquilar un lugar donde vivir, buscar empleo, continuar estudios y mantenerse durante esta fase crítica de transición.

El caso de la joven

Recientemente se han presentado complicaciones en la aplicación efectiva de esta ley debido a retrasos en los pagos del PAE. Esto ha tenido consecuencias desgarradoras para jóvenes como Karina (nombre ficticio), quien, al dejar de recibir el beneficio, se vio obligada a regresar al hogar donde sufrió maltratos y abusos en su infancia y adolescencia.

Dana Borzese, directora ejecutiva de DONCEL, una asociación civil que impulsó esta ley en 2017, señala que la demora en los pagos representa una nueva vulneración para estos jóvenes que ya han enfrentado numerosas dificultades en sus vidas. La ley busca equiparar los derechos de aquellos que tienen familia con los que no la tienen. De forma que se garanticen que todos tengan las mismas oportunidades y apoyos al llegar a la mayoría de edad.

El Gobierno reconoce los problemas administrativos que han causado estos retrasos y asegura que no tiene la intención de discontinuar el PAE. Sin embargo, la realidad es que aproximadamente 3.500 jóvenes se ven afectados por esta situación. Y que vieron sus proyectos de vida truncados justo cuando están dando sus primeros pasos hacia la independencia y la construcción de su futuro.