El día de ayer, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó un nuevo paro nacional para el próximo 30 de abril. La protesta es contra el plan de ajuste, el programa económico del Gobierno y los despidos en el Estado. Además, cuestionaron la decisión de renovar contratos de empleados por solo 90 días, la cual calificaron como una “re-precarización». La decisión fue comunicada por los representantes sindicales tras un plenario realizado en horas de la tarde en la sede nacional del gremio. Allí se votó a favor de la protesta contra el plan de ajuste y el programa económico del gobierno de Javier Milei. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, brindó detalles acerca de la medida de fuerza. En ese sentido, sostuvo que los sindicatos tienen que ser “la verdadera oposición del Gobierno”.

“El programa económico que impulsan nos está destruyendo a todos. No solo está dejando en la calle a miles de trabajadores y destrozando los salarios de los estatales y jubilados, sino que se están deteriorando de manera grave las condiciones de vida de todo el pueblo”, escribió el dirigente en sus redes sociales. “La decisión de renovar los contratos nuevamente solo por 90 días se traduce en una re-precarización de todos los trabajadores”, manifestó. 

Aguiar se dirigió a los mandatarios provinciales y municipales y les pidió su intervención en el tema. “Los gobernadores e intendentes se tienen que despertar. Están jodiendo a todas las provincias y municipios. En este momento en la Argentina enfrentamos una coparticipación de las pérdidas y una nacionalización de las ganancias. Se caen las ventas y se caen entonces todos los impuestos coparticipables, mientras que un gravamen nacional como es el Impuesto País es el único que mostró un crecimiento de más del 300% interanual”, señaló 

La contratación por 90 días fue una determinación oficializada a comienzo de la gestión de Javier Milei. En el Boletín Oficial se especificó que si se opta por renovar la contratación de los últimos incorporados a cualquier organismo público, se “deberá fundar la decisión demostrando la necesidad” de mantener a ese trabajador y su vínculo laboral no podrá extenderse “por un periodo mayor a noventa (90) días corridos”. Esto se sumó a la controversia por los despidos en el Estado. Según ATE, hasta principios de abril había 11 mil trabajadores cesanteados. Sin embargo, el Gobierno sostiene que el número es aún mayor y habla de una cifra cercana a los 15 mil trabajadores despedidos.