Más de una muerte violenta asociada a la violencia de género por día en lo que va de 2023. Esto es lo que arrojó un informe realizado por el Observatorio nacional MUMALA “Mujeres, Disidencias, Derechos”. El mismo refleja datos recabados durante los primeros 30 días de enero en todo el territorio nacional.

De acuerdo a lo informado por el organismo, 30 muertes violentas de mujeres, travestis y trans sucedieron solo en el primer mes del año. Del total, 22 son femicidios, femicidios vinculados y trans- travesticidios, mientras que otros 8 casos están en investigación.

Además de los crímenes perpetrados, también se registraron 50 intentos de femicidios, lo que significa casi dos intentos por cada femicidio cometido.

Al respecto, Yanina Muñoz, referente de MUMALA en Tucumán, señaló que “en este nuevo año, y ante las cifras de la violencia femicida que no cesa, seguimos exigiendo a nivel nacional la declaración de Emergencia en Violencia de Género que determine recursos precisos y especiales, así como evaluar su impacto”. “En nuestra provincia ya hemos registrado el primer femicidio, que enciende la alerta para este 2023”, agregó.

Otros datos preocupantes

Según este mismo informe, el 76% de los femicidios fue cometido por parejas o exparejas de las víctimas. La edad promedio de las mismas fue de 38 años.

Además, el 18% de las víctimas ya habían denunciado a su agresor y contaban con orden de restricción de contacto o perimetral. Incluso, el 30 % de las que denunciaron tenía, además, botón antipánico.

En tanto, detallaron que el 70% del total de los femicidios fueron cometidos en la propia vivienda de la víctima o en la que convivían con el agresor.

En este sentido, desde el organismo alertaron “sobre una dinámica social persistente y en crecimiento como es la feminización de la pobreza que profundiza las violencias que atravesamos mujeres y disidencias. Con una inflación cercana a los 3 dígitos, con creciente desocupación y subempleo, se nos impide la autonomía económica y el acceso a los recursos básicos, generando dependencia con nuestro agresor. Las barreras económicas, sociales, culturales y de acceso a la justicia son las causantes del empobrecimiento de nuestra calidad de vida, el Estado es responsable”. “Exigimos políticas de calidad, integrales y territoriales que permitan el acceso a vidas dignas y libres de violencias”, concluyeron.