La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), bajo la supervisión del Ministerio de Salud, ha dado comienzo a una auditoría exhaustiva sobre las 400.000 Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, concedidas en la provincia de Buenos Aires y 27.000 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta medida surge tras la detección de «graves irregularidades» y un supuesto esquema de corrupción. En el cual solo el 7% de los casos auditados hasta ahora cumplen con los requisitos legales.

La auditoría es una respuesta a un informe oficial que reveló posibles desvíos de fondos a través de la facturación de prestaciones médicas falsas. Con un monto estimado en USD 3.400 millones, según denunció el portavoz presidencial, Manuel Adorni, el 19 de julio. Esta acción se lleva a cabo en paralelo a la denuncia penal presentada por Diego Spagnuolo, titular de la ANDIS, que está siendo investigada por la fiscalía a cargo de Guillermo Marijuán.

Entre las irregularidades detectadas, se destaca un caso ocurrido en 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández, donde se tramitó una pensión por invalidez utilizando la radiografía de un perro. Este es solo uno de los 150 expedientes en los que se utilizó la misma imagen para justificar diagnósticos médicos. Incluso, en algunos registros, en lugar de la descripción médica, se encontró un poema.

Primeros resultados

El gobierno estima que de las 1.250.000 Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral pagadas actualmente, cerca de 500.000 podrían haber sido otorgadas de manera fraudulenta. Estos datos provienen de un muestreo realizado por la ANDIS, que ahora se amplía al 100% de los casos.

Los resultados preliminares de la auditoría parcial, que analizó 2.559 expedientes, arrojaron que apenas 185 casos cumplían con los requisitos legales. Este hallazgo ha sido el detonante para una investigación más amplia. Y la cual podría llevar a la baja de miles de pensiones si se confirman las inconsistencias.

El informe también señala que durante las gestiones anteriores, las pensiones por invalidez fueron utilizadas como herramienta política, otorgándose a personas que no cumplían con los requisitos establecidos. Según las cifras presentadas por Spagnuolo, entre 2003 y 2015, el número de estas pensiones aumentó de 80.000 a 1.050.000. Alcanzando un máximo de 1.250.000 durante el mandato kirchnerista.