El comisario de la Federal acusado de gastar 15 millones de pesos de la caja chica enfrentará un juicio oral
Un comisario inspector de la Policía Federal fue enviado a juicio oral acusado de negociaciones incompatibles con la función pública. Es que desde la jefatura del Departamento de Grupos Especiales de la fuerza llevó adelante una serie de compras por unos 15 millones de pesos a través de la caja chica. Los beneficiarios fueron un matrimonio: él se encargó de vender uniformes; ella, de ofrecer servicios de catering. Lo curioso es que competían con empresas fantasmas que ellos mismos integraban.
Las sospechas recayeron sobre el comisario inspector Rafael Grillo, a cargo del Departamento de Grupos Especiales (GE 1). A Grillo se lo acusó de maniobras ilícitas en perjuicio de las arcas de la Policía Federal Argentina (PFA). La pareja a la que benefició también quedó acusada de ser partícipe del delito. Se trata de Marcelo Luzzi, titular de la empresa “Marcas exclusivas”, quien recibió $11.141.548 de pesos. Su pareja, Verónica Noemí Nieva, una docente que trabajaba en un centro de estética, estaba a cargo del servicio de catering. Sumó casi $5,5 millones.
Cuando lo llamaron a declarar, Grillo negó las irregularidades, afirmó que todo lo hizo con aval de sus superiores. Además, aseguró que cuando avanzó la auditoría en su contra sospechó de otras razones: hacía 18 años que estaba en pareja con un hombre. Cuando quiso “blanquearlo”, en la fuerza le recomendaron no hacerlo porque no sería bien visto. Fue así que planteó que lo estaban complicando judicialmente por ser gay.
Cómo fue la investigación
Según Asuntos Internos, todo fue pagado a través de adelantos de fondos, previo una nota vía instancia y la presentación de dos presupuestos. Pero se detectó que había irregularidades en los segundos presupuestos. Las empresas postulantes que supuestamente compitieron con la de Luzzi y Nieva informaban domicilios inexistentes o que tenían alguna vinculación con ellos. Es más, las propuestas mantenían un mismo formato y redacción que las de sus oponentes; y los nombres de los supuestos gerentes comerciales se repetían. También aparecían los mismos teléfonos y direcciones.
Cuando a Grillo lo llamaron a indagatoria, negó las acusaciones. Explicó que mientras estuvo a cargo del área se habían llevado a cabo diferentes tareas específicas. Precisó que que todas las compras se realizaron por adelantos de fondos debido a los montos y a la cantidad de equipamiento. Ya que tenía a su cargo 120 hombres. Subrayó que todo era “consensuado por su línea directa con un visto bueno de elevación, y eso iba a la superintendencia de administración, que era la encargada a nivel específico de analizar el expediente y aprobarlo”.
La respuesta de los involucrados
El comisario admitió que las compras y la mercadería, en algunos casos, tardaba en llegar porque eran todos elementos importados. Liuzzi también dio su versión de los hechos para desinvolucrarse. Aseguró que hacía ocho años que tenía su empresa, y que vendía todo tipo de accesorios para seguridad.
Señaló que un subordinado de la división de Grillo los había contactado. Y que había entregado la totalidad de los productos vendidos, aunque no siempre obtuvo recibo. El empresario también señaló que hacía cursos tácticos, de custodia. Y para los alumnos hacían catering. Por eso abrió una empresa, “Speedy Food”, pero le pidió el CUIT a su pareja “porque en Policía Federal no podía haber un proveedor con dos rubros diferentes”. Ella se dedicó a retirar cheques con los pagos o entregar facturas. La mujer, en su descargo, respaldó esa versión.
Qué dijo el juez Casanello
A la hora de evaluar los hechos, el juez Casanello fue que claro. “Tras efectuar un análisis de los descargos y de las pruebas obrantes en el expediente, considero que se cuenta con elementos suficientes como para tener por acreditado que el Comisario Rafael Grillo direccionó la contratación de servicios y la compra de bienes para favorecer a las empresas«.
Luego, el magistrado continuó: «Marcelo Andrés Luzzi y Verónica Nieva, participaron en la maniobra delictiva mediante la presentación de presupuestos ficticios de empresas fantasmas para simular competencia«. Para el juez, Grillo deberá responder por el delito de negociaciones incompatibles con la función publica. Con citas a los compromisos internacionales asumidos en lucha contra la corrupción.

