El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky ha elevado a juicio oral una causa relacionada con contrabando y fraude fiscal. Esta involucra a casi 100 personas, entre funcionarios aduaneros y empresarios. La causa, que se ha desarrollado durante 8 años de instrucción, se centra en presuntos ilícitos vinculados a la facilitación ilegal del despacho de mercaderías. Por ejemplo, evadiendo los controles aduaneros correspondientes.

La investigación reveló actividades de una asociación ilícita que habría empleado prácticas fraudulentas: confección y presentación de conocimientos de embarque falsos. También la inserción de información incorrecta en el sistema informático de registro aduanero, y la presentación de despachos de importación con documentación falsa. Estas acciones se habrían llevado a cabo a través de sociedades pantalla, utilizadas para ocultar la identidad de los verdaderos importadores.

El juez Aguinsky optó por no tratar este caso como una megacausa única. Principalmente, debido a las dificultades históricas que ha enfrentado la justicia argentina en el manejo de procesos de gran envergadura, que suelen generar demoras significativas. Durante el proceso de instrucción, ya se enfrentó a numerosos desafíos, como impugnaciones, pedidos de nulidad, recusaciones y la intervención de diversas instancias judiciales. Las restricciones operativas derivadas de la pandemia también han afectado el desarrollo de la investigación.

Para agilizar los procesos judiciales y evitar dilaciones, se están impulsando reformas que buscan mejorar la eficiencia del sistema judicial. El juzgado sugirió la implementación de tecnología de bodycam en la Aduana, con el fin de grabar todas las verificaciones de cargas que ingresen. El caso en cuestión forma parte de una serie de investigaciones relacionadas con la corrupción en la Aduana. La cual ya ha sido objeto de escándalos y casos de contrabando desde 1983, como «Los Galpones de Tierra del Fuego», «La Mafia del Oro», «Aduana Paralela», entre otros.