Tras no presentarse este jueves a la primera convocatoria, el expresidente Mauricio Macri volvió a ser citado a declaración indagatoria en la causa por supuesto espionaje ilegal a familiares de víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan.

El juez federal subrogante de Dolores Martín Bava convocó al expresidente para el próximo 20 de octubre a las 10 h de manera presencial en la sede de su juzgado. Además, en su resolución recordó que el expresidente estuvo imputado en la causa desde el inicio de la investigación, tras el requerimiento de instrucción hecho por la fiscalía del caso.

El expresidente fue fotografiado en Miami junto al exministro de Economía, Nicolás Dujovne y su primo, el empresario Ángelo Calcaterra.

Tras un repaso sobre las distintas diligencias que se hicieron para poder notificarlo, Bava escribió: “he de resaltar que la exposición mediática que ha tenido el caso ha llegado al extremo de que personas de reconocida cercanía al imputado hagan referencia a esta causa y hasta brinden información a diferentes medios de prensa sobre posibles acciones y/o estrategias judiciales que el imputado llevaría adelante ante este Juzgado. Sin perjuicio de ello, hasta el momento no se ha presentado ningún letrado ante esta sede con motivo de ejercer el patrocinio jurídico del imputado”.

El escrito de Bava da cuenta también de la presentación formulada ayer, miércoles, por Patricia Bullrich en su calidad de presidenta del PRO. “Hizo llegar una nota a la casilla de correo electrónico oficial de este Juzgado informando que Mauricio Macri regresaría al país a fines del corriente mes. No obstante ello, en dicha misiva se omite precisar una fecha cierta de regreso a fin de poder reprogramar la audiencia indagatoria fijada para el día de la fecha”, señaló.

La causa

El juez dispuso entonces la convocatoria para el 20 de octubre. El juez Bava -que subroga el juzgado que comandó Alejo Ramos Padilla– firmó la primera citación a indagatoria para Macri en su rol de ex jefe de Estado. Busca determinar si desde el gobierno se buscó controlar los movimientos de los familiares de las víctimas a través de la Agencia Federal de Inteligencia entre fines de 2017 y diciembre de 2018. La denuncia había sido motorizada por la interventora Cristina Caamaño.