El Gobierno nacional, a través del Decreto 765/2024, ha introducido cambios significativos en la normativa que regula la propiedad intelectual en Argentina. Una legislación clave que protege los derechos de autor sobre diversas expresiones culturales. Esta ley asegura que los creadores de obras literarias, musicales, dramáticas y cinematográficas, entre otras, mantengan el control sobre el uso de sus creaciones. Permitiéndoles autorizar o prohibir su reproducción, distribución y ejecución pública.

Las formas en que se consumen estos contenidos han evolucionado drásticamente en los últimos años, impulsadas por el avance tecnológico. En respuesta a esta nueva realidad, el Gobierno ha decidido actualizar y redefinir la normativa para reflejar mejor las condiciones actuales.

Actualización del concepto de ejecución pública

Uno de los principales objetivos de esta modificación es actualizar el concepto de «ejecución pública». Que busca reconocer los nuevos medios y tecnologías a través de los cuales las obras pueden ser difundidas y consumidas. Esta actualización busca garantizar que, aunque las formas de acceso a las obras artísticas hayan cambiado, los derechos de los autores sigan siendo compensados de manera adecuada.

Cambios en la Ley de Propiedad Intelectual

El Decreto N° 41.223/34, que regula la Ley N° 11.723, ha experimentado dos cambios fundamentales. En primer lugar, el nuevo artículo 33 establece que la ejecución pública se define como aquella que se realiza «en un espacio de acceso público, libre y dirigido a una pluralidad de personas», independientemente del propósito de dicha ejecución. Este cambio abarca tanto las presentaciones en vivo realizadas por artistas como las ejecuciones que se llevan a cabo mediante medios mecánicos, electrónicos o digitales.

El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó que la reproducción de contenidos en ámbitos privados, específicamente en actividades hoteleras y turísticas, quedará excluida de las ejecuciones públicas.