El gobernador Osvaldo Jaldo ofreció una conferencia de prensa este miércoles por la mañana en el Salón Blanco de Casa de Gobierno. En la ocasión, realizó un análisis detallado de la situación de la obra pública en toda la República Argentina. Particularmente, con el enfoque colocado en provincia de Tucumán.

Jaldo destacó que el gobierno nacional ha establecido criterios claros para priorizar la continuidad de las obras en curso. En este sentido, se ha dado prioridad a aquellas obras que ya tienen un avance significativo, alcanzando entre el 70% y el 80% de su ejecución. Esto se hace con el objetivo de evitar dejar obras sin finalizar cuando están tan cerca de su conclusión.

Además, el gobernador mencionó que se ha decidido priorizar las obras relacionadas con el saneamiento. Por ejemplo, el abastecimiento de agua potable y la instalación de redes cloacales. Las cuales son fundamentales para mejorar la calidad de vida de la población.

Otro criterio importante es la relación de las obras con la seguridad, a nivel nacional y provincial. Se continuará con aquellas obras que tengan impacto directo o indirecto en la seguridad pública. Por ejemplo, la construcción de edificios carcelarios para albergar a los infractores de la ley. Entre las obras que se les dará continuidad se encuentran el Complejo Penitenciario Benjamín Paz, la Feria de Las Talitas y la remodelación del Delfín Gallo. Siempre y cuando cuenten con un avance considerable y estén relacionadas con la seguridad. «Se ha dado prioridad a aquellas obras que ya tienen un avance significativo, situándose entre el 70% y el 80%». Se ha considerado también el tipo de financiamiento de cada obra, dando prioridad a aquellas que cuenten con financiamiento internacional, además del presupuesto nacional.

En la reunión participaron varios funcionarios del gobierno, incluyendo el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el ministro del Interior, Darío Monteros; el ministro de Economía, Daniel Abad; el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; la ministra de Educación, Susana Montaldo; el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso; el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz; el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur; y la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls.