El Gobierno aprovechará una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para cargar contra el Poder Judicial. En su exposición, también incluirán a la oposición política y los medios de comunicación. Argentina debe presentar el lunes su Examen Periódico Universal (EPU), que reporta la situación de los derechos humanos en el país. Y, en ese contexto internacional, avanzará sobre la independencia de jueces y fiscales. Al tiempo que cuestionará el rol de la prensa independiente y criticará el control institucional de los partidos opositores.

Bajo el título «Cuestiones emergentes: principales desafíos»; en las fojas 18 y 19 del informe oficial, Horacio Pietragalla presenta una descripción sesgada de la democracia. El secretario de Derechos Humanos sostiene que hay “discursos del odio” en la Argentina“ que culminaron con el intento de magnicidio de la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner”.

Y añade: “Estos postulados se advierten de modo creciente en diversos espacios políticos, en medios masivos de comunicación y en redes sociales. Se trata de una problemática compleja que constituye una preocupación a nivel internacional”.

Una retórica peligrosa y que atrasa

La lógica discursiva de Pietragalla es fácil de describir. Bajo el concepto de discurso del odio, el secretario de Derechos Humanos cuestiona toda crítica al gobierno nacional. Una práctica dialéctica que se utilizó durante la existencia de la Unión Soviética; y que, todavía se usa en los regímenes dictatoriales de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Tras utilizar la idea del discurso del odio para cuestionar a los medios de comunicación y la oposición, el secretario de Derechos Humanos introduce el concepto de Lawfare para atacar al Poder Judicial, al sistema de partidos y a las empresas. Pietragalla repite en el informe ante la ONU, el pensamiento público de Alberto Fernández y Cristina.

Además de utilizar los conceptos de discurso del odio y lawfare, Pietragalla suma la idea de proscripción política para cerrar su ataque al Poder Judicial. El secretario de Derechos Humanos se apalancó en la última presentación pública de Cristina; que aseguró que magistrados y fiscales forzaron su condena en la causa Vialidad, para proscribir su actividad partidaria a pocos meses de la campaña presidencial.