El Ministerio de Capital Humano ha retomado esta semana las licitaciones públicas para la adquisición de alimentos destinados a los sectores más vulnerables. A través de las normas de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), se realizó una convocatoria que fue considerada un éxito por las autoridades. Lo que marcó un cambio significativo en la política alimentaria y en la transparencia de las adquisiciones estatales.

En esta convocatoria participaron 16 ofertas de productores y distribuidores de diferentes tamaños. Los cuales ofrecieron precios considerablemente inferiores al presupuesto oficial y por debajo de los precios de mercado. Esto contrasta con las licitaciones anteriores, que contaban con un número reducido de oferentes. El éxito de esta licitación se atribuye a un proceso diseñado para fomentar la competencia y la transparencia. Se crearon documentos licitatorios que promovieron una competencia justa y ampliaron la participación de proveedores al permitirles cotizar partes del stock no vendido. Además, se mejoraron las condiciones financieras al reducir el ciclo de pago a 30/40 días mediante el pre-fondeo por organismos internacionales.

Este proceso logró precios más bajos y permitió adquirir más alimentos dentro del mismo presupuesto. Y también sentó un precedente para futuras licitaciones en términos de transparencia y eficiencia. Con una estimada baja del 30% en los precios testigos, se liberaron fondos para aumentar la cantidad de alimentos adquiridos.

El Ministerio tiene previsto lanzar una nueva licitación a través del Proyecto Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Con la expectativa de replicar o incluso superar el éxito de este proceso. El presupuesto destinado a estas compras asciende a 53.000 millones de pesos, y se planea utilizar tanto las normas del PNUD como de la OEI, para asegurar la transparencia en las adquisiciones. Estas acciones se llevan a cabo en respuesta a reclamos de organizaciones sociales por alimentos y en línea con la implementación de transferencias dinerarias directas para los comedores, buscando una mayor transparencia en la distribución de alimentos y una mejora en la calidad nutricional para los sectores vulnerables.